OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

UNA GESTION EDUCATIVA DESCENTRALIZADA, DEMOCRATICA, QUE LOGRA RESULTADOS Y ES FINANCIADA CON EQUIDAD

NOS PROPONEMOS ASEGURAR UNA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN NACIONAL DIRIGIDA CON CRITERIOS DE ÉTICA PÚBLICA, EQUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA.

Foto cortesía de APRENDES

1r RESULTADO ESPERADO:
GESTIÓN EDUCATIVA EFICAZ, ÉTICA, DESCENTRALIZADA Y CON PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

Una gestión eficiente y descentralizada, altamente profesional y desarrollada con criterios de ética pública, coordinación intersectorial y participación. Asimismo, una gestión informada, transparente y desarrollada tecnológicamente en todas sus instancias.

Políticas propuestas:

(12) Cambiar el actual modelo de gestión pública de la educación basándola en procedimientos democráticos y en el planeamiento, promoción, monitoreo y evaluación de políticas estratégicas nacionales

(13) Reformar la gestión educativa regional y articularla con los ejes de desarrollo nacional y regional con criterios de coordinación intersectorial

(14) Fortalecer las capacidades de las instituciones y redes educativas para asumir responsabilidades de gestión de mayor grado y orientadas a conseguir más y mejores resultados.

(15) Fortalecer una participación social responsable y de calidad en la formulación, gestión y vigilancia de las políticas y proyectos educativos

(16) Moralizar la gestión en todas las instancias del sistema educativo

2° RESULTADO ESPERADO:
EDUCACIÓN FINANCIADA Y ADMINISTRADA CON EQUIDAD Y EFICIENCIA

Financiamiento prioritario, suficiente, bien distribuido, sostenido y oportuno de la educación nacional con un
presupuesto utilizado eficaz y eficientemente.

Políticas propuestas:

(17) Incrementar sostenidamente el presupuesto, asegurando calidad educativa para todos. Asignar y usar recursos sobre la base de criterios de equidad, calidad y eficiencia.

(18) Estimular y procurar el aumento de la contribución social al financiamiento de la educación.

DESAFIOS PARA AFRONTAR ESTE CUARTO OBJETIVO

POLÍTICAS PRIORITARIAS AL 2011

(12) Cambiar el actual modelo de gestión pública de la educación basándola en procedimientos democráticos y el planeamiento, promoción, monitoreo...

La gestión educativa ha sido piedra angular del éxito o fracaso de muchos intentos de transformación educativa en el país. La actual gestión educativa adolece de una concentración extrema en la rutina burocrática y en el cumplimiento inercial de las normas existentes, lo cual le hace perder de vista su razón de ser, la necesidad de incrementar los logros educativos de los estudiantes. Frente a ello, esta política pública busca instaurar un nuevo modelo de gestión concertador, eficaz, con una orientación clara hacia el logro de resultados y con procedimientos renovados para lograrlo.

PRINCIPALES MEDIDAS

a) Una redefinición del rol del Ministerio de Educación que lo haga ir más allá de la función normativa y reguladora para involucrarlo centralmente en la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas nacionales, en el marco del Proyecto Educativo Nacional y los Proyectos Educativos Regionales.

b) Transferencia a las regiones de competencias educativas, recursos y autonomía de gestión presupuestal. Transferencia a las instituciones y redes educativas de competencias básicas de gestión, previa constatación de que han desarrollado las capacidades y criterios técnicos necesarios para asumir nuevas responsabilidades.

c) Rendición pública de cuentas al final de cada año por parte del ministro del sector y de los gobiernos regionales. Se debe rendir cuentas sobre los resultados efectivos de las políticas educativas —principalmente en equidad y calidad— y sobre la eficiencia del manejo de los recursos.

d) Gestión con alto desarrollo tecnológico que garantice la viabilidad de las políticas así como la racionalidad y pertinencia de la producción normativa, y que también asegure procedimientos transparentes, simplificados y flexibles que dinamicen procesos, faciliten la resolución de conflictos y aseguren la eficacia de las políticas.

e) Sistemas de incentivos y difusión de las buenas prácticas de gestión en los diferentes niveles, complementados con mecanismos de supervisión y sanción rápidos y eficaces que garanticen la buena gobernabilidad del sector.

f) Incorporación de una rama especializada en la gestión pública de la educación dentro de la carrera general de funcionarios de la administración pública.

g) Calificación permanente de cuadros profesionales en los mejores centros de excelencia y garantía de una carrera administrativa que asegure nombramientos basados en criterios de mérito y ética profesional, certificación de estándares de desempeño y mecanismos transparentes de selección que eviten influencias partidarias o de otra clase.

h) Sistemas de información educacional interconectados y automatizados en todas las DRE, que producen procesan y difunden información relevante y actualizada para la toma de decisiones. Además, articulan políticas de discriminación positiva, planes de desarrollo local y mejoramiento de la IE, así como la asignación de recursos.

i) Normas y regulaciones que permitan aprovechar las innovaciones educativas generadas con recursos de la cooperación internacional y la banca multilateral, contribuyendo a mejorar la planificación y financiamiento de las políticas a nivel nacional, regional y local.

j) Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa dirigido a todas las instituciones educativas públicas y privadas. Dicho sistema estará vinculado con la definición de competencias en educación dada por las instancias del Gobierno regional y local.

k) Elaboración de un índice de desarrollo del Proyecto Educativo Nacional y reporte anual del estado de ese índice por el CNE.

(13) Reformar la gestión educativa regional y articularla con los ejes de desarrollo nacional y regional con criterios de coordinación intersectorial

En el enfoque de gestión vigente, la región es simple operadora y administradora de decisiones adoptadas a nivel central. Debemos cambiar a un nuevo sistema donde la instancia regional haga una gestión educativa coordinada con las necesidades y oportunidades de desarrollo de la región y del país. Asimismo, necesitamos evitar que las decisiones sobre política educativa sean improvisadas o se basen sólo en opiniones. Estas disposiciones deben ser sustentadas con la información disponible sobre aprendizajes, diversas experiencias educativas, y tomando en cuenta la percepción ciudadana.

Esta política busca, con esos fines, reformar las instancias de gestión educativa regional y local, en el marco de la reconversión del modelo nacional de gestión. Se da prioridad al diseño y gestión de políticas. En cada región la gestión responde de manera directa a las necesidades de desarrollo humano y de la sociedad local y fortalece las instancias y mecanismos para una toma de decisiones concertada e informada.

PRINCIPALES MEDIDAS

a) Integración de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL) a las instancias regionales y provinciales como órganos de planificación, gestión y liderazgo de políticas.

b) Políticas educativas regionales articuladas a los objetivos y planes de desarrollo local y regional en el marco del Proyecto Educativo Regional, respetando los ciclos productivos y climáticos a través de un calendario escolar diferenciado.

c) Creación de mecanismos para la formulación participativa, la gestión concertada e intersectorial y la evaluación de impacto de las políticas educativas aplicadas en la región, en particular de las políticas de primera infancia. Ello incluye un sistema de monitoreo basado en los Programas Distritales de Apoyo y Acompañamiento Pedagógico.

d) Personal certificado y calificado seleccionado por méritos en concursos transparentes en el marco de la carrera pública en gestión educativa.

e) Información plena y comprensible a las familias sobre los aprendizajes de sus hijos que los centros educativos tienen la responsabilidad de asegurar.

(14) Fortalecer las capacidades de las instituciones y redes educativas para asumir responsabilidades de gestión de mayor grado y orientadas...

En la actualidad, los centros educativos funcionan en un estado de aislamiento, sin poder de decisión y sin presencia significativa del Estado en el apoyo técnico a la enseñanza y en la gestión escolar. Con el fin de asegurar aprendizajes efectivos, se precisa superar esa situación mediante la gestación de redes territoriales que permitan vincular instituciones educativas de un mis­mo distrito o por cercanía territorial, según convenga, para propiciar relaciones de colaboración que contribuyan a fortalecer su autonomía.

PRINCIPALES MEDIDAS

a) Autonomía de las instituciones educativas en el manejo de su presupuesto, en el uso de recursos complementarios y en la selección y salida del personal docente, todo ello en el marco de una nueva carrera pública magisterial.

b) Incentivos al buen desempeño de las instituciones educativas, especialmente en lo relativo a la mejora de aprendizajes de la población vulnerable.

c) Mecanismos que aseguren el apoyo administrativo necesario a las instituciones educativas para facilitar el exclusivo ejercicio del rol pedagógico e institucional del director.

d) Rendición de cuentas a los padres de familia en cada Institución Educativa sobre los resultados de los aprendizajes alcanzados y sobre la pertinencia y calidad de estos.

e) Acuerdos de gestión entre el Ministerio de Economía, la autoridad educativa regional o local y los centros educativos, que alienten la puesta en práctica de propuestas innovadoras mediante sistemas de gestión flexibles y diversificados, acompañados de medidas de compensación.

f) Promoción de redes escolares distritales asistidas técnicamente por Programas de Apoyo y Acompañamiento Pedagógico, en convenio con institutos superiores pedagógicos acreditados y municipios distritales, que fortalezcan las capacidades de gestión de los directores y propicien el intercambio de experiencias y buenas prácticas, incluyendo el uso óptimo de tecnología informática incluyendo Internet y sus aplicaciones derivadas.

(15) Fortalecer una participación social responsable y de calidad en la formulación, gestión y vigilancia de las políticas y proyectos educativos

Aunque existen instancias de participación ciudadana en la educación, éstas adolecen de serios vacíos y defectos que les impiden gravitar sobre la gestión educativa: no están enfocadas en asuntos centrales de la agenda, no cuentan con metodologías y redes de coordinación que les permitan arribar a planteamientos viables, carecen de los canales regionales y nacionales suficientemente inclusivos e institucionalizados que les permitan impactar sobre las decisiones públicas en educación.

Frente a ello, esta política busca fortalecer espacios y mecanismos de democratización de la gestión tales como instancias de decisión vinculante en materia de planificación y gestión concertada de políticas educativas.

PRINCIPALES MEDIDAS

a) Fortalecimiento de los Consejos Educativos Institucionales (CONEI) para posibilitar la participación informada en la construcción y evaluación del Proyecto Educativo Institucional.

b) Incentivo y fortalecimiento de la participación estudiantil en los Consejos Escolares y su representación en el CONEI.

c) Institucionalización de los Consejos Participativos Regionales (COPARE) y Consejos Participativos Locales (COPALE) como instancias consultivas de los gobiernos regional y local y como instancias de concertación entre el Estado y la sociedad civil. Sus recomendaciones sobre formulación, evaluación y vigilancia de las políticas educativas regionales y locales tendrán carácter vinculante. Los COPARE y COPALE tendrán:

- Autonomía de las instancias de gestión del sistema.
- Personería jurídica.
- Secretaría técnica y presupuesto propio.
- Oportunidades para el desarrollo de capacidades técnicas de sus integrantes en planeamiento, concertación y comunicación.

d) Articulación de los espacios de concertación en educación con las instancias de participación de la sociedad civil que gozan de legitimidad social y con espacios de concertación intersectorial tales como los Consejos de Coordinación Regional y Local, de presupuesto participativo.

e) Promoción de la vigilancia periódica y organizada de la sociedad a las políticas, programas, pactos y proyectos educativos en sus diversos niveles en base a indicadores sencillos, significativos y concertados, fomentando grupos de iniciativa ciudadana que movilicen, vigilen y acompañen ese proceso.

(16) Moralizar la gestión en todas las instancias del sistema educativo

Diversas modalidades de conducta negligente y de corrupción conspiran contra una gestión educativa que propicie mayores logros de aprendizaje. Contratos viciados, arreglos ilegales sobre calificaciones, pagos por plazas docentes espurias son sólo un ejemplo de conductas que sustraen recursos para la educación, que inducen a decisiones ineficientes o claramente perjudiciales y que, además, generan desaliento y corroen el compromiso con una gestión educativa de calidad.

Tales comportamientos han prosperado bajo el amparo de la ausencia de sanción e incluso de supervisión efectiva. Esta política busca el desarrollo de un programa nacional de moralización que interactúe con entidades penales y fiscales especializadas y que rinda resultados duraderos atacando las condiciones que hacen posible corrupción.

PRINCIPALES MEDIDAS

a) Incentivar las prácticas de buena gestión y sancionar eficazmente los hechos de corrupción.

b) Fortalecer la capacidad de los Consejos Participativos Regionales (COPARE), Consejos Participativos Locales (COPALE) y Consejos Educativos Institucionales (CONEI) en la función de concertación y vigilancia del funcionamiento ético de las instituciones e instancias educativas.

c) Conformación de un Sistema de Probidad de la Educación como soporte institucional a las medidas de prevención, control y vigilancia de la corrupción en el sector. Cada instancia de gestión educativa elabora y aprueba su propio plan de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Probidad.

d) Utilización de instancias arbitrales especializadas en mediación y resolución de conflictos en el ámbito de la educación, con decisiones vinculantes para las partes y con locales para la recepción de denuncias ubicados en todos los municipios distritales en coordinación con la Defensoría, la Fiscalía y la Contraloría.

e) Defensorías del Niño y el Adolescente capacitadas en la defensa del derecho a la educación.

f) Tipificación de «delitos educativos» y código claro de sanciones. Creación de Fiscalías especializadas.

g) Sanción administrativa o penal efectiva, ejemplar, oportuna, con agilidad en la atención y resolución de los procesos, tanto para los «delitos educativos» como para faltas contra la moral e integridad de los educadores y administrativos.

h) Fortalecer la vigilancia ciudadana a través de convenios con entidades especializadas de sociedad civil para que aporten informes periódicos acerca de la corrupción en el sector.

(17) Incrementar sostenidamente el presupuesto asegurando calidad educativa para todos, asignando recursos con criterios de equidad, calidad y...

La racionalidad actual de la elaboración de presupuestos educativos está dirigida a la conservación del injusto y deficiente estado de cosas: se privilegia el pago de las planillas y se descuida la asignación de mayores fondos para invertir en calidad educativa; se mantiene una estructura de gastos y asignaciones que no toma en cuenta las inequidades persistentes entre distintas regiones, localidades y escuelas y, por tanto, no se apunta a atenuarlas o corregirlas; se conserva una proyección de inversión y gastos indiferente a la misión de incorporar a aquellos que no son atendidos o que son muy precariamente atendidos por el sistema.

Necesitamos romper esa racionalidad ya tradicional que mantiene el absurdo de escuelas extremadamente pobres que reciben menos recursos que las menos pobres. Esta política busca impulsar el crecimiento sostenido del financiamiento estatal a la educación para asegurar recursos públicos que garanticen una educación de calidad a todos los peruanos, en especial a los más pobres. Asimismo, busca crear las condiciones para una elaboración presupuestal atenta a los objetivos prioritarios de equidad y calidad.

PRINCIPALES MEDIDAS

a) Incremento sostenido del presupuesto educativo hasta alcanzar no menos del 6% del PBI el año 2012, estableciendo una secuencia de crecimiento anual que así lo permita.

b) Políticas complementarias que aseguren que al menos el 25% de los recursos propios de los gobiernos regionales se destinen a la educación para el financiamiento de los Proyectos Educativos Regionales.

c) Fortalecimiento del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) y otros fondos regionales de desarrollo educativo articulado con las prioridades de los Proyectos Educativos Regionales, con la promoción de innovaciones y con la implementación de políticas compensatorias a nivel regional y local.

d) Mejorar capacidades en gestión financiera para optimizar los procesos de formulación de proyectos de inversión y de presupuestos pertinentes a las necesidades específicas de cada localidad y región.

e) Negociación directa de las transferencias regionales entre los responsables del Gobierno Regional y los encargados del pliego del Ministerio de Economía y Finanzas.

f) Reestructuración del presupuesto sectorial destinando más recursos a:

- Gastos de inversión como infraestructura, laboratorios, aulas, servicios higiénicos o instalaciones deportivas.

- Gastos corrientes en bienes y servicios —tales como textos, bibliotecas, fondos por escuela para agua, luz, teléfono, mantenimiento— que ayuden al logro de los aprendizajes o al funcionamiento de las instituciones educativas

- Recursos para programas de innovación, la constitución de redes y centros de recursos y servicios educativos.

g) Transferencia y distribución de recursos presupuestales basados en criterios de focalización y discriminación positiva planteados en el objetivo estratégico 1 y en las prioridades de los proyectos educativos nacional y regionales, así como en criterios tales como número de alumnos matriculados en escuelas públicas, número de locales educativos públicos, tasa total de cobertura, proyecciones de población, ruralidad, densidad poblacional, nivel de rendimiento académico, tasa de analfabetismo y pobreza, metas de inclusión.

h) Mejora en la eficiencia del gasto invirtiendo en medidas que reviertan las causas del fracaso escolar, ajustando las políticas educativas regionales a las metas de desarrollo de largo plazo y a las potencialidades de desarrollo.

i) Eficiencia, transparencia, participación y control de la institución educativa en la compra de los materiales fungibles necesarios.

j) Planificación concertada intersectorial y regional de los programas estratégicos nacionales, a fin de unificar entre las diversas entidades o instancias los criterios programáticos que asignan recursos a proyectos educativos y sociales vinculados a la educación.

k) Gestión y uso de recursos de endeudamiento, operaciones de canje de deuda por educación y coo­pe­ración técnica y financiera, que se sustentan en un plan previo de necesidades basado en las prioridades del Proyecto Educativo Nacional y Proyectos Educativos Regionales.

(18) Estimular y procurar el aumento de la contribución social al financiamiento de la educación

En cierta medida, la evasión tributaria y otras formas de eludir las obligaciones fiscales de toda persona natural y jurídica son una forma de sustraer recursos a la educación y, por tanto, de perjudicar el futuro de millones de niñas y niños peruanos. Es necesario asegurar que todos quienes tienen obligaciones tributarias cumplan con ellas. También es preciso crear las condiciones para que la iniciativa privada interesada en contribuir solidariamente al bienestar social vea en la educación pública una de sus prioridades.

Buscamos contribuir desde la educación a ampliar la base tributaria del país y crear las condiciones que permitan a los centros educativos captar y gestionar recursos extraordinarios a favor de sus proyectos más innovadores.

PRINCIPALES MEDIDAS

a) Promoción de una educación tributaria y de una mayor formalización de las actividades económicas a fin de ampliar la base tributaria para que se pueda destinar más recursos a educación.

b) Incentivos legales que permitan a los sectores de la producción y explotación de recursos naturales participar activamente en la formación de los recursos humanos que necesitan.

c) Incentivo público a la creación de fundaciones, donaciones, auspicios y otros mecanismos a favor del financiamiento de la educación. Esto podría incluir facilidades tributarias entre otros incentivos.

d) Leyes e incentivos que permitan a las instituciones educativas captar y gestionar con autonomía recursos extraordinarios para el desarrollo de sus proyectos.

e) Exoneraciones y otras facilidades a la educación privada sin fines de lucro si cumple con criterios de equidad y calidad.

f) Mantenimiento y optimización de pagos de parte de la inversión privada por concepto de canon y regalías por la explotación de los recursos naturales no renovables, y compromiso de buen uso de esos recursos por parte de los gobiernos locales para mejoramiento de la calidad y la equidad en educación.

GESTIÓN EDUCATIVA: DE QUÉ SITUACIÓN PARTIMOS

Un cambio institucional perentorio y factor primordial para una transformación sistémica en la educación es la descentralización de la gestión educativa. Este proceso tiene una dimensión política y cultural. De un lado, coloca los problemas de la distribución espacial del poder dentro de un estado y el desafío de la organización de un sistema de redistribución del poder democrático en provecho de las comunidades locales. Desde el punto de vista cultural, estimula el enriquecimiento de las culturas locales y regionales. No obstante su importancia, es conocido el lento, burocrático y confuso proceso de descentralización educativa, la inequitativa distribución de los recursos presupuestales que perjudica a las regiones más pobres, la renuencia de las autoridades gubernamentales a aumentar el presupuesto como lo señala la medida consensuada en el Acuerdo Nacional para llegar al 6% del PBI, así como al alto nivel de corrupción en el sector.

Estos problemas, por su gravedad y su arraigo, ubican a la gestión y financiamiento de la educación como uno de los desafíos capitales a resolver para hacer viable cualquier cambio estructural en el sistema educativo. La escasa prioridad de la educación se refleja en los 352 dólares promedio que destina el Estado anualmente por cada alumno de educación básica, siendo el promedio latinoamericano de 800 dólares. Así, apenas alcanza para pagar planillas y servicios, y no para financiar políticas que corrijan las desigualdades y mejoren la calidad de las instituciones más pobres del país, equipándolas, mejorando sus servicios y brindándoles el soporte técnico que requieren. No es de extrañarnos que las regiones con más población rural empobrecida como Apurímac, Madre de Dios o Pasco sigan siendo menos favorecidas a la hora de recibir recursos para la educación, lo que les impide atender sus prioridades. Por ejemplo, Huánuco, una de las más pobres, recibe por alumno 544 soles al año, mientras Moquegua, una de las menos pobres y con seis veces menos alumnos matriculados, gasta 1 236 soles al año por alumno.

De otro lado, la descentralización educativa está sesgada hacia la desconcentración administrativa o entrampada en contradicciones normativas, y apoyada en el mismo modelo jerárquico y burocrático de gestión heredado del centralismo, concentrado en la formalidad de los procedimientos antes que en los resultados. Gracias a la descentralización, sin embargo, se han pro­ducido avances importantes como la creación de los Consejos Participativos Regionales en casi todas las regiones, que han venido impulsando la construcción concertada de Proyectos Educativos Regionales (PER). Ya son 16 las regiones que tienen formulaciones avanzadas de sus PER. No obstante, Educación es el sector del Estado que más denuncias de corrupción acumula. Y son las escuelas las que concentran el 83% del total de todas las denuncias de corrupción del sector. Se han perdido sólo en el año 2002, 36 millones de soles por actos dolosos.

Presupuesto educativo: algunas cifras

Presión tributaria

La presión tributaria aumentó significativamente: en 1994, los ingresos tributarios alcanzaron el 11% del PBI. En 1996, solo alcanzó el 12% del PBI. En 1997, solo alcanzó el 15,6% del PBI. Una parte creciente de los ingresos tributarios no retorna como gasto público, sino que se consagra a pagar la deuda externa, el 50% de lo recolectado en IGV es consagrado al pago de la deuda en el presente año y quizás en los próximos años. En el 2006, existe un 14% de presión tributaria actual (ingresos tributarios sobre PBI). La presión tributaria debe llegar a 18% para que se pueda dar aumento al presupuesto del sector educación en un 6% del PBI[1]. El cuadro que sigue grafica la evolución de la inversión en los últimos años.

La cifra del 2005, respecto del Presupuesto Nacional, representa aproximadamente el 18%.

Distribución del presupuesto por regiones

Las regiones de mayor necesidad son las que están en zonas rurales y atienden población bilingüe. La educación bilingüe intercultural en la primaria tiene sólo el 11% de cobertura a nivel nacional. Los departamentos que reflejan menor rendimiento en las áreas de Comunicación y Matemática son justamente los que tienen una mayor población rural: Apurímac, Loreto, Ucayali, Puno, Cusco, Ayacucho, Huánuco y Cajamarca. No hay equidad en la distribución presupuestal por regiones. El presupuesto por alumno, por ejemplo, de la región Moquegua (el más alto) es alrededor de 2,3 veces mayor que el correspondiente a la región Cusco (el más bajo). No obstante, Cusco tiene nueve veces mayor matrícula que Moquegua.

Ética pública: algunas cifras

El MED es la institución pública con más quejas.

La Defensoría del Pueblo reporta que entre el 2002 y el 2003 el sector Educación ocupó el segundo lugar en el ranking de instituciones con más denuncias y quejas. En el periodo 2003-2004, este sector pasó a ocupar el primer lugar. Entre el 2004 y el 2005, de las 10 instituciones mas quejadas, el MED y las Direcciones Regionales de Educación ocupan el primer puesto y concentran la mayor cantidad de quejas en comparación a otras entidades.

Tipo de denuncias.

Entre el 2002 y el 2003, la Defensoría del Pueblo recibió 2 280 denuncias relacionadas con casos de omisión en el cumplimiento de las obligaciones, de actuación fuera del marco legal, de omisión de dar respuesta a las solicitudes, de desigualdad en las oportunidades y el trato, de hostilización, cierre o intervención arbitraria de centros educativos o peculados, entre otros[1].

El reporte de la Procuraduría.

Entre el 2001 y 2004 la Procuradoría del MED lleva 746 casos de delitos contra la administración pública (falsificación de documentos referidos al concurso público de nombramiento de plazas), con 24 842 personas denunciadas y cerca de 36 278 853 nuevos soles por recobrar. El delito de corrupción de funcionarios tuvo 1 500 casos en el año 2001. Ese mismo año tuvo 154 procesos (con un monto implicado de 585 624 nuevos soles), en el 2002, 674 casos (18 414 877 nuevos soles implicados), y en el 2003, 748 procesos (5 889 923 nuevos soles).


[1] Ídem.

Descentralización educativa: algunas cifras

Consejos Participativos Regionales (COPARE).

Al 2005, en las 26 regiones se habían constituido COPARE. De 15 COPARE, en 4 hay participación periódica de las instituciones que lo conforman, la tercera parte han identificado a los actores claves de la región a través de un mapeo, en la mayoría se han constituido equipos técnicos para la formulación del PER, en 12 los equipos técnicos forman parte de su estructura organizativa, y menos de la mitad de estos consejos realizan actividades que responden a un plan de trabajo anual y concertado entre sus integrantes. Son pocos los que realizan actividades de vigilancia como parte de sus funciones.

Proyectos Educativos Regionales (PER).

Hasta el 2005, al menos 19 regiones habían iniciado la formulación de su Proyecto Educativo Regional. Al 2006 existen 16 regiones que tienen una propuesta avanzada del PER, de las cuales 10 regiones han llegado hasta la etapa de identificar prioridades de políticas para el quinquenio 2006-2011.

Consejos de Participación Local constituidos (COPALE).

A julio del año 2006 se han constituido 196 de los 206 COPALE que se debían conformar[1]. Las 10 provincias donde falta constituir están distribuidas en las siguientes regiones: Amazonas (1 provincia), Cajamarca (1 provincia), Huánuco (1 provincia), Ica (1 provincia), Lambayeque (3 provincias), Loreto (1 provincia), La Libertad (2 provincias).CONEI. Al año 2006 se registran 47 454 instituciones educativas públicas de educación básica (tomando como referencia los locales escolares), y se esperaría tener la misma cantidad de Consejos Educativos Institucionales (CONEI) según el MINEDU[2]. Al 30 de junio del año 2006, se registran 21 119 CONEI y se tiene como meta a diciembre de este año llegar a los 28 mil.


[1] Fuente: Ministerio de Educación- Oficina de Apoyo a la Administración de la Educación (OAAE) -Oficina de Organización y Métodos (OYM). Julio del 2006.
[2] Ídem.