(16) Moralizar la gestión en todas las instancias del sistema educativo
Diversas modalidades de conducta negligente y de corrupción conspiran contra una gestión educativa que propicie mayores logros de aprendizaje. Contratos viciados, arreglos ilegales sobre calificaciones, pagos por plazas docentes espurias son sólo un ejemplo de conductas que sustraen recursos para la educación, que inducen a decisiones ineficientes o claramente perjudiciales y que, además, generan desaliento y corroen el compromiso con una gestión educativa de calidad.
Tales comportamientos han prosperado bajo el amparo de la ausencia de sanción e incluso de supervisión efectiva. Esta política busca el desarrollo de un programa nacional de moralización que interactúe con entidades penales y fiscales especializadas y que rinda resultados duraderos atacando las condiciones que hacen posible corrupción.
PRINCIPALES MEDIDAS
a) Incentivar las prácticas de buena gestión y sancionar eficazmente los hechos de corrupción.
b) Fortalecer la capacidad de los Consejos Participativos Regionales (COPARE), Consejos Participativos Locales (COPALE) y Consejos Educativos Institucionales (CONEI) en la función de concertación y vigilancia del funcionamiento ético de las instituciones e instancias educativas.
c) Conformación de un Sistema de Probidad de la Educación como soporte institucional a las medidas de prevención, control y vigilancia de la corrupción en el sector. Cada instancia de gestión educativa elabora y aprueba su propio plan de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Probidad.
d) Utilización de instancias arbitrales especializadas en mediación y resolución de conflictos en el ámbito de la educación, con decisiones vinculantes para las partes y con locales para la recepción de denuncias ubicados en todos los municipios distritales en coordinación con la Defensoría, la Fiscalía y la Contraloría.
e) Defensorías del Niño y el Adolescente capacitadas en la defensa del derecho a la educación.
f) Tipificación de «delitos educativos» y código claro de sanciones. Creación de Fiscalías especializadas.
g) Sanción administrativa o penal efectiva, ejemplar, oportuna, con agilidad en la atención y resolución de los procesos, tanto para los «delitos educativos» como para faltas contra la moral e integridad de los educadores y administrativos.
h) Fortalecer la vigilancia ciudadana a través de convenios con entidades especializadas de sociedad civil para que aporten informes periódicos acerca de la corrupción en el sector.
Tales comportamientos han prosperado bajo el amparo de la ausencia de sanción e incluso de supervisión efectiva. Esta política busca el desarrollo de un programa nacional de moralización que interactúe con entidades penales y fiscales especializadas y que rinda resultados duraderos atacando las condiciones que hacen posible corrupción.
PRINCIPALES MEDIDAS
a) Incentivar las prácticas de buena gestión y sancionar eficazmente los hechos de corrupción.
b) Fortalecer la capacidad de los Consejos Participativos Regionales (COPARE), Consejos Participativos Locales (COPALE) y Consejos Educativos Institucionales (CONEI) en la función de concertación y vigilancia del funcionamiento ético de las instituciones e instancias educativas.
c) Conformación de un Sistema de Probidad de la Educación como soporte institucional a las medidas de prevención, control y vigilancia de la corrupción en el sector. Cada instancia de gestión educativa elabora y aprueba su propio plan de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Probidad.
d) Utilización de instancias arbitrales especializadas en mediación y resolución de conflictos en el ámbito de la educación, con decisiones vinculantes para las partes y con locales para la recepción de denuncias ubicados en todos los municipios distritales en coordinación con la Defensoría, la Fiscalía y la Contraloría.
e) Defensorías del Niño y el Adolescente capacitadas en la defensa del derecho a la educación.
f) Tipificación de «delitos educativos» y código claro de sanciones. Creación de Fiscalías especializadas.
g) Sanción administrativa o penal efectiva, ejemplar, oportuna, con agilidad en la atención y resolución de los procesos, tanto para los «delitos educativos» como para faltas contra la moral e integridad de los educadores y administrativos.
h) Fortalecer la vigilancia ciudadana a través de convenios con entidades especializadas de sociedad civil para que aporten informes periódicos acerca de la corrupción en el sector.
