(12) Cambiar el actual modelo de gestión pública de la educación basándola en procedimientos democráticos y el planeamiento, promoción, monitoreo...
La gestión educativa ha sido piedra angular del éxito o fracaso de muchos intentos de transformación educativa en el país. La actual gestión educativa adolece de una concentración extrema en la rutina burocrática y en el cumplimiento inercial de las normas existentes, lo cual le hace perder de vista su razón de ser, la necesidad de incrementar los logros educativos de los estudiantes. Frente a ello, esta política pública busca instaurar un nuevo modelo de gestión concertador, eficaz, con una orientación clara hacia el logro de resultados y con procedimientos renovados para lograrlo.
PRINCIPALES MEDIDAS
a) Una redefinición del rol del Ministerio de Educación que lo haga ir más allá de la función normativa y reguladora para involucrarlo centralmente en la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas nacionales, en el marco del Proyecto Educativo Nacional y los Proyectos Educativos Regionales.
b) Transferencia a las regiones de competencias educativas, recursos y autonomía de gestión presupuestal. Transferencia a las instituciones y redes educativas de competencias básicas de gestión, previa constatación de que han desarrollado las capacidades y criterios técnicos necesarios para asumir nuevas responsabilidades.
c) Rendición pública de cuentas al final de cada año por parte del ministro del sector y de los gobiernos regionales. Se debe rendir cuentas sobre los resultados efectivos de las políticas educativas —principalmente en equidad y calidad— y sobre la eficiencia del manejo de los recursos.
d) Gestión con alto desarrollo tecnológico que garantice la viabilidad de las políticas así como la racionalidad y pertinencia de la producción normativa, y que también asegure procedimientos transparentes, simplificados y flexibles que dinamicen procesos, faciliten la resolución de conflictos y aseguren la eficacia de las políticas.
e) Sistemas de incentivos y difusión de las buenas prácticas de gestión en los diferentes niveles, complementados con mecanismos de supervisión y sanción rápidos y eficaces que garanticen la buena gobernabilidad del sector.
f) Incorporación de una rama especializada en la gestión pública de la educación dentro de la carrera general de funcionarios de la administración pública.
g) Calificación permanente de cuadros profesionales en los mejores centros de excelencia y garantía de una carrera administrativa que asegure nombramientos basados en criterios de mérito y ética profesional, certificación de estándares de desempeño y mecanismos transparentes de selección que eviten influencias partidarias o de otra clase.
h) Sistemas de información educacional interconectados y automatizados en todas las DRE, que producen procesan y difunden información relevante y actualizada para la toma de decisiones. Además, articulan políticas de discriminación positiva, planes de desarrollo local y mejoramiento de la IE, así como la asignación de recursos.
i) Normas y regulaciones que permitan aprovechar las innovaciones educativas generadas con recursos de la cooperación internacional y la banca multilateral, contribuyendo a mejorar la planificación y financiamiento de las políticas a nivel nacional, regional y local.
j) Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa dirigido a todas las instituciones educativas públicas y privadas. Dicho sistema estará vinculado con la definición de competencias en educación dada por las instancias del Gobierno regional y local.
k) Elaboración de un índice de desarrollo del Proyecto Educativo Nacional y reporte anual del estado de ese índice por el CNE.
PRINCIPALES MEDIDAS
a) Una redefinición del rol del Ministerio de Educación que lo haga ir más allá de la función normativa y reguladora para involucrarlo centralmente en la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas nacionales, en el marco del Proyecto Educativo Nacional y los Proyectos Educativos Regionales.
b) Transferencia a las regiones de competencias educativas, recursos y autonomía de gestión presupuestal. Transferencia a las instituciones y redes educativas de competencias básicas de gestión, previa constatación de que han desarrollado las capacidades y criterios técnicos necesarios para asumir nuevas responsabilidades.
c) Rendición pública de cuentas al final de cada año por parte del ministro del sector y de los gobiernos regionales. Se debe rendir cuentas sobre los resultados efectivos de las políticas educativas —principalmente en equidad y calidad— y sobre la eficiencia del manejo de los recursos.
d) Gestión con alto desarrollo tecnológico que garantice la viabilidad de las políticas así como la racionalidad y pertinencia de la producción normativa, y que también asegure procedimientos transparentes, simplificados y flexibles que dinamicen procesos, faciliten la resolución de conflictos y aseguren la eficacia de las políticas.
e) Sistemas de incentivos y difusión de las buenas prácticas de gestión en los diferentes niveles, complementados con mecanismos de supervisión y sanción rápidos y eficaces que garanticen la buena gobernabilidad del sector.
f) Incorporación de una rama especializada en la gestión pública de la educación dentro de la carrera general de funcionarios de la administración pública.
g) Calificación permanente de cuadros profesionales en los mejores centros de excelencia y garantía de una carrera administrativa que asegure nombramientos basados en criterios de mérito y ética profesional, certificación de estándares de desempeño y mecanismos transparentes de selección que eviten influencias partidarias o de otra clase.
h) Sistemas de información educacional interconectados y automatizados en todas las DRE, que producen procesan y difunden información relevante y actualizada para la toma de decisiones. Además, articulan políticas de discriminación positiva, planes de desarrollo local y mejoramiento de la IE, así como la asignación de recursos.
i) Normas y regulaciones que permitan aprovechar las innovaciones educativas generadas con recursos de la cooperación internacional y la banca multilateral, contribuyendo a mejorar la planificación y financiamiento de las políticas a nivel nacional, regional y local.
j) Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa dirigido a todas las instituciones educativas públicas y privadas. Dicho sistema estará vinculado con la definición de competencias en educación dada por las instancias del Gobierno regional y local.
k) Elaboración de un índice de desarrollo del Proyecto Educativo Nacional y reporte anual del estado de ese índice por el CNE.
